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Doménica Palacios tiene 18 años. El 20 de julio desapareció en el sector de Iñaquito, en el norte de la capital. Antes de perder todo contacto, alcanzó a escribirle a su madre: "no puedo hablar tanto porque me duele la boca de lo que estoy golpeada". No sabía dónde estaba. Dos días después fue encontrada caminando con una maleta en Chillogallo, al sur de la ciudad, desorientada y con golpes visibles en el rostro, la quijada y las piernas.
Lizeth Bunshi, de 28 años, salió el 18 de julio de la casa de su padre en El Tingo, Valle de los Chillos, con la intención de encontrarse con su pareja y un grupo de amigos. Las cámaras de seguridad la ubicaron horas más tarde ingresando a una quebrada del río Machángara, en el centro de Quito, junto a un hombre. Testigos que viven en el sector relataron haber escuchado una discusión y, después, los gritos de auxilio de una mujer. Luego, silencio. La Fiscalía formuló cargos contra Cristian V. L. por presunta desaparición involuntaria y dictó prisión preventiva en su contra. Lizeth sigue sin aparecer.
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Nathaly Mafla tenía 20 años y estudiaba en la Escuela Politécnica Nacional. El 4 de junio de 2026 le entregó su celular a un compañero, dijo que iba al baño y no volvió. Cinco días de búsqueda —liderada en gran parte por sus propios amigos y familiares que recorrieron barrio por barrio con fotografías y afiches— terminaron con el hallazgo de su cuerpo en una quebrada del sector La Vicentina.
En apenas unas semanas, Quito estuvo conmocionado por historias parecidas, que revelan un patrón. De acuerdo con Dayuma Amores, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), “en Ecuador el 55 % de las desapariciones son mujeres. Y la mayor parte de las mismas son niñas y adolescentes”.
Las cifras del Estado cuentan el mismo relato. Solo durante el primer semestre de 2026, la plataforma abierta del gobierno registró 3.909 casos de personas desaparecidas, de los cuales 2.169 corresponden a mujeres. De este grupo, el 71 % son adolescentes (1.534 casos), y la mayoría de estos están concentrados entre los 13 y los 17 años, con picos muy pronunciados a los 14, 15 y 16. Este comportamiento contrasta con el de los hombres, donde el pico de casos se ubica en la adultez y no en la adolescencia, lo que sugiere que las mujeres jóvenes enfrentan un riesgo particular y distinto durante esa etapa de la vida.
“Las desapariciones de mujeres se siguen manejando bajo mucho prejuicio: desde las instituciones, pero también desde la sociedad”, dice Amores.
Se asume, inclusive por parte de los funcionarios encargados de los casos que se fueron “por voluntad propia”, por un problema de pareja o de estudio y no se considera, en un principio, que pueda tratarse de casos de violencia, lo que provoca que los procesos no se sigan con la diligencia debida. “Muchas de las mujeres registradas como desaparecidas podrían estar vinculadas a feminicidios que no podemos determinar, porque sus cuerpos nunca se encuentran”.
En estos años, las instituciones sumaron cursos y documentos. “Podríamos decir que al menos en la práctica sí hay más directrices de actuación con enfoque de género”. La experta asegura que existen capacitaciones masivas en derechos humanos y departamentos de género que, en teoría, se ocupan de los casos. Pero ese enfoque se queda, sobre todo, en el papel de acuerdo a su experiencia.
¿Qué se debe hacer en estos casos?
- Denunciar de inmediato. No esperar 24 horas. Acudir a la Fiscalía o Unidad de policía especializada desde el primer momento en que se detecta la desaparición. Amores indica que en el caso de desapariciones, la unidad especializada es la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y acota que se puede acudir a la Fiscalía de la provincia y, fuera del horario laboral, a la Fiscalía de Flagrancia. Si lo primero que se tiene a mano es un UPC, también es válido. La Policía tiene la obligación de recibir la noticia y dar parte a Fiscalía.
- Llevar información precisa. Presentar una fotografía reciente, datos personales, descripción de la ropa que llevaba, lugar y hora en que fue vista por última vez. Detallar con quién estaba y reunir chats, llamadas, mensajes de voz y actividad en redes. “La falta de esa información no es un impedimento para que la denuncia sea receptada”. Los agentes investigadores, recuerda la abogada, tampoco pueden pedir dinero a las familias para movilizarse o sacar copias (hechos que han ocurrido en algunos casos). Es su obligación y negarse a recibir una denuncia o exigir pagos puede denunciarse y derivar en sanciones disciplinarias.
- Exigir acompañamiento con enfoque de género. Pedir que la Dirección de Derechos Humanos y el departamento de género de la Fiscalía se involucren, solicitar nombres de la fiscal y de la persona investigadora asignada; además de dejar constancia de que se trata de una desaparición de alto riesgo.
- Registrar cada interacción con las instituciones. Guardar copias de denuncias, respuestas y oficios; anotar cambios de fiscal y agente, tiempos de lectura del expediente y diligencias comprometidas (búsqueda en quebradas, revisión de cámaras, pericias específicas).
- Organizar búsquedas ciudadanas con precaución. Coordinar recorridos en zonas clave, plantones y campañas en redes con familiares y amistades, cuidando la seguridad y, solicitando acompañamiento de unidades especializadas.
- Acercarse a organizaciones expertas. Contactar a la Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas del Ecuador (Asfadec), Inredh u otros colectivos de familiares para recibir apoyo jurídico, emocional y logístico.
En la práctica, esas rutas no siempre se respetan. Amores cuenta que la familia de Nathaly Mafla intentó denunciar su desaparición un sábado y la respuesta fue que regresarán el lunes para “formalizar” la denuncia y asignar un agente investigador, a pesar de que la ley permite denunciar durante fines de semana y feriados. “No muchas personas saben que se puede denunciar en Fiscalía de flagrancia”, dice, y aun cuando se intenta, hay casos en los que “no te toman la denuncia”.
La abogada indica que las cifras de este año no son aisladas. Si revisamos de 2017 a 2025, las mujeres siguen siendo el grupo que más desaparece. Sin una sola excepción año a año. Aunque la brecha frente a los hombres se reduce con el tiempo, siempre el sexo femenina lidera las cifras. En 2017 se registraron 6.974 casos frente a 3.505 desapariciones masculinas. Entre 2023 y 2025 la diferencia es más moderada.
Pero estos informes no reflejan, para las familias, la situación real de la problemática. El Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y, en ocasiones, la Dinased, son quienes presentan estas cifras, al ser instituciones donde se receptan las denuncias. Sin embargo, según la Asfadec, las mismas no son homologadas todos los años.
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Fernando Montenegro conoce de memoria esa falta de diligencia. Su hija Michelle desapareció el 5 de junio de 2018. Había estado en su casa y cuadno, de acuerdo a testimonios, salió detrás de su madre quién iba a la tienda. Luego de eso no volvieron a verla. Ocho años después, el caso pasó por siete fiscales y seis agentes investigadores distintos. "Para leer un caso se demoran como 90 días (...) Ha pasado todo este tiempo sin resultado alguno. ¿Por qué? Porque nunca fueron céleres en sus investigaciones y las pruebas que pudimos haber encontrado se perdieron". Hace cinco años solicitó una pericia de precipitación y caída para descartar que su hija haya caído al río Machángara, después de haber sido vista por cuatro personas. La Fiscalía alegó a la familia que no había presupuesto, por lo que hasta la fecha, no se ha ejecutado.
Casos como el de Michelle, el de Juliana Campoverde o el de Carolina Pérez, quien también pertenecía a la Escuela Politécnica Nacional (misma institución a la que pertenecía Nathaly Mafla) tienen más de ocho, nueve y varios años abiertos. Los mismos ilustran lo que Amores describe como una deuda estructural del Estado: “mientras más tiempo pasa, más difícil es que una persona aparezca. Los indicios se pierden, las cámaras privadas no guardan sus grabaciones más de unos días, y la memoria de los testigos se desvanece”.
Frente a esa inacción, son las propias familias las que empiezan a tomar el asunto en sus manos. “Nathaly no es encontrada gracias al accionar del Estado, sino porque su familia se activó muchísimo. Sus allegados crearon búsquedas ciudadanas y barrieron sectores donde se presumía que ella estaba”, indica Amores. Fernando Montenegro y su esposa Valeria Campos participaron este año en una prueba piloto de búsqueda —creada por las organizaciones— en la Quebrada de San Pedro, al sur de Quito. Estuvo inspirada en el modelo de las "madres buscadoras" de México. Un taller de solo dos horas con una antropóloga forense les enseñó a organizar líneas de rastreo, algo que —dicen— nunca vieron aplicar a la Policía en las decenas de búsquedas en las que han participado.
"La familia es la que tiene que convertirse en la primera en investigar, porque si esperamos de los agentes...", dice Montenegro, y no termina la frase. No hace falta. (I)